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Noticias / México: Eliminan estímulo fiscal para librerías en Ley de Ingresos 2023

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Fachada de la Librería Hyperion de la Ciudad de México. (Foto: Archivo)

C iudad Juárez, Chihuahua. 25 de septiembre de 2020. (RanchoNEWS).- La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, que forma parte del Paquete Económico proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el siguiente año y que se entregó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados para su discusión y votación, según como se presenta ha eliminado la Fracción VIII del Artículo 16 donde se ordenaba la deducción para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas o morales por la enajenación de libros, periódicos y revistas por un monto equivalente al 8% del costo por cada unidad, informa Ricardo Quiroga en El Financiero. 

El término jurídico de enajenación se refiere al acto de transferir a otro la propiedad de una cosa ya sea o no con fines de lucro, por lo que la omisión de este estímulo fiscal para el próximo año podría afectar directamente a giros comerciales como el de las librerías, cuyo gremio ha abogado por varios años para beneficiarse con políticas fiscales que favorezcan el comercio de los libros.

La ley, al menos hasta este 2022, exentaba de ese 8% sobre el precio de libros, periódicos y revistas a aquellos contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 6 millones de pesos, es decir que beneficiaba sobre todo a los pequeños libreros.

La fracción se incluyó por primera vez en la previsión del Paquete Económico de 2020 y significó un pequeño terreno ganado para los libreros en aquel entonces, aunque voces líderes de la cadena editorial apuntaban a seguir luchando por la tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La medida, dijo entonces el editor y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem), Carlos Anaya Rosique, sí representaba un avance en el fortalecimiento de la estructura de la comercialización del libro y equiparaba a la industria editorial con los beneficios que han alcanzado otros sectores culturales como el cine, sin embargo, consideró que este no debía tomarse como un paso definitivo.

«Hace falta insistir en la tasa cero para el sector distribuidor y comercializador, es decir librerías, pues eso apuntaría al crecimiento del canal», señaló entonces Anaya Rosique.

¿La eliminación de esta fracción en la ley será un paso hacia atrás en políticas públicas que fortalezcan una industria que aún no se recupera de los embates por la crisis sanitaria y económica? Habría que guardar las reservas y ver si desde el Legislativo se discuten nuevas herramientas públicas que subsanen e incluso superen el estímulo fiscal ausente para beneficio de la cadena productiva del libro.

De no perfilarse otro proyecto de ley en breve, sí se trataría de un paso atrás que afectaría a los libreros en un momento, además, donde el precio del libro, como este diario ha venido dando constancia, se ha encarecido notoriamente y la recuperación de los niveles de comercio de los libros, como aquí también se ha consignado, no favorecen tanto a los libreros pequeños como sí lo hacen con las cadenas.

La fecha límite para la aprobación exclusivamente de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, para conocer si definitivamente el estímulo fiscal desaparecerá de la ley, será el próximo 20 de octubre.

Mientras esto sucede, hay otra iniciativa que contempla beneficios para la cadena editorial cuya aprobación se ha ido retrasando en el Senado desde inicios del año pasado y que permitiría ganar otro espacio de terreno en busca de un piso más parejo para la competencia comercial editorial.

Se trata de una minuta de reforma y edición de diversas disposiciones en Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que entre otras modificaciones proyecta ampliar el margen obligatorio del precio único de 18 a 36 meses de libros novedades o libros importados y que designaría a la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor como las encargadas de prevenir, investigar y sancionar prácticas que afecten el funcionamiento dictado dentro del mercado del libro.

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