Rancho Las Voces: Arqueología / México: Un reporte del saqueo nacional
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miércoles, agosto 25, 2010

Arqueología / México: Un reporte del saqueo nacional

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Máscara funeraria teotihuacana en piedra verde. (Foto: Binoche Renaud Giquello)

Ciudad Juárez, Chihuahua. 24 de agosto de 2010. (RanchoNEWS).- En México, si se le pega una patada a una piedra aparece una pirámide. O casi. Pero su inagotable riqueza arqueológica tiene un lado oculto: haber convertido al país en terreno abonado para el saqueo de bienes culturales, al amparo de la corrupción y, en muchas ocasiones, del abandono y la indolencia de las administraciones, escribe M. M. Cascante, corresponsal en nuestro país de ABC.

El diario El Universal lo recordaba, una vez más, en su edición de este lunes. De los casi 50.000 recintos arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) hasta la fecha (de los cuales, sólo 176 están abiertos al público), casi la mitad ha sido víctima de robos, denuncia Blanca Paredes, investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Esta especialista calcula que cada día se destruyen entre veinte y treinta lugares.

Para la arqueóloga Blanca Paredes, no basta con declarar zona arqueológica un lugar si se quiere proteger de saqueo, sino hacer inventarios de lo que se posee en cada sitio. «Todo el país es una zona arqueológica... la institución (INAH) no da abasto. Se habla de que el saqueo ocupa entre el tercer y cuarto lugar en delitos en el mundo, después del tráfico de drogas».

En México, cuatro de cada cinco obras robadas nunca son recuperadas, y una tercera parte de los sitios arqueológicos son explorados antes por saqueadores que por el INAH, denuncia Fernando Báez, autor de «El saqueo cultural de América Latina». El resultado: la pérdida de prácticamente el 60% del patrimonio prehispánico y colonial en el continente.

Buscar «monitos»

El director de la División de Objetos Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, Edouard Planche, incide en que la situación en México sólo es comparable con la de Guatemala y algunos países inmersos en conflictos armados como Irak, Camboya, Afganistán o Colombia. En los pueblos del occidente mexicano, antiguo feudo maya, se sale a los campos no sólo a sembrar, sino a buscar «monitos», figuras antropomorfas que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios, quienes a su vez las llevan a coleccionistas.

La arqueóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Elizabeth Stone, lamenta que «el saqueo es un problema de los países pobres, que son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica en el Occidente compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar la pieza al museo».

Para colmo, «existe una falta de claridad en la propiedad estatal, en el vínculo que une al Estado con su patrimonio arqueológico», considera Jorge Sánchez Cordera, miembro del comité de expertos de la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la UNESCO. La legislación tampoco ayuda: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que cualquier particular puede tener bajo su resguardo las piezas arqueológicas que desee, siempre y cuando las registre ante el INAH para evitar su venta ilegal.

Así, en el catálogo de la casa de subastas Sotheby’s aparecen una «Mujer de Jalisco sentada» (vendida en casi 3.000 euros) y un «Jorobado de Jalisco agachado» (adjudicado por más de 2.000). Mientras, la galería parisina Binoche Renaud Giquello exhibe en su página web una máscara funeraria teotihuacana en piedra verde a 125.000 euros.

«No hay nada especial para internet, aplicamos la ley con las figuras delictivas que puedan adecuarse... Mucha de esta comercialización se realiza desde portales del extranjero y resulta muy complejo; son muchas cuestiones técnicas que no están reguladas en nuestro país ni en otros», explica René Salazar Montes, director de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes de la Fiscalía federal.

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