C iudad Juárez, Chihuahua. 7 de febrero de 2013. (RanchoNEWS).- La apisonadora de Hacienda no repara ni siquiera en los restos. Aunque los restos expliquen claves del origen de la humanidad de hace 1,5 millones de años, de la pesca en Pompeya antes de su petrificación en lava en el año 79, o de la civilización maya en Guatemala. El Ministerio de Hacienda ha denegado las subvenciones que la Secretaría de Estado de Cultura había concedido a 30 grupos de universidades españolas con proyectos de arqueología internacional con el argumento de que pertenecen a comunidades autónomas que incumplen sus objetivos de contención de déficit público. Una nota de Alicia Rivera y Tereixa Constenla para El País:
El resultado es que Hacienda propina un bofetón a las comunidades, pero resuena con fuerza en la cara de los arqueólogos en primer lugar. Y, de rebote, en eso tan difuso y tan vital que se conoce como la marca España. «Dice muy poco de la seriedad de un país y repercute muy negativamente en el prestigio de nuestra ciencia, que con mucho esfuerzo había conseguido equipararse con la de países de nuestro entorno», lamenta Joan Sanmartí, que lidera un equipo de la Universidad de Barcelona dedicado a la investigación arqueológica en el yacimiento de Althiburos, en Túnez.
En los últimos años, la arqueología española había disputado algunos apetitosos espacios a las grandes potencias (Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia). Su buen hacer explica que yacimientos golosos, como los de la garganta de Olduvai (Tanzania), donde la humanidad ha dejado un acta notarial de su evolución en sucesivos sedimentos, esté en manos de investigadores españoles. Pero el prestigio puede ser lento cuando se invierte en él y efímero cuando se gasta.
«Que se nos haya privado de la subvención (10.000 euros) conlleva que la campaña se lleve a cabo bajo mínimos y pone en peligro la continuidad del proyecto», lamenta Rafael Hidalgo, que dirige el equipo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) que excava en Villa Adriana (Italia), Patrimonio de la Humanidad. Uno de los hitos del patrimonio romano y que, pese a acoger exploraciones desde el siglo XVI, nunca hasta ahora se había abierto al trabajo de los equipos españoles.
En la convocatoria de 2012, Cultura, tras evaluar las 64 solicitudes, había aprobado subvenciones a 45 proyectos, impulsados por universidades, instituciones sin ánimo de lucro y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se repartían un total de 730.000 euros y que fueron informados de la concesión provisional.
Pero desde el pasado 27 de abril la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera concede la potestad a Hacienda de bloquear subvenciones dirigidas a comunidades que no hacen sus deberes presupuestarios. Sólo 10 proyectos presentados desde instancias estatales (CSIC y Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) y cinco de organismos sin ánimo de lucro recibieron la bendición de Hacienda, que tumbó los 30 que promueven las universidades, (y que suman un total 494.500 euros). Un portavoz de Hacienda explicó esta semana a El País que se valora caso por caso antes de informar negativamente sobre el pago de una subvención destinada a una comunidad autónoma: «Se hace con criterios de racionalidad, no hay un rasero único», añadió.
No respondió, sin embargo, a la pregunta de cuál fue el criterio utilizado para denegar estas 30 ayudas públicas en arqueología. «Esto no implica que se puedan aprobar este año [2013], pero el dinero del año pasado es ya prácticamente imposible», aclaró. Lo cierto es que han perdido un dinero con el que contaban y que podrían no haber perdido. Es más, la Secretaría de Estado de Cultura trata de revertir lo que parece irreversible. «El ministerio comprende y comparte la preocupación de las universidades», señaló ayer una portavoz del departamento de Cultura. Y añadió: «Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en las vías posibles para solucionar esta situación».
La realidad es que la pérdida de fondos estatales para continuar excavaciones en el exterior amenaza la pervivencia de algunos proyectos de gran relevancia, como el que dirige en Líbano la catedrática de Prehistoria de la Universidad Pompeu i Fabra, María Eugenia Aubet. Desde 1997 trabaja en la necrópolis fenicia de Tiro-Al Bass, donde han descubierto 400 sepulturas de los siglos IX-VII a. C. «Por primera vez en 2013 habíamos conseguido permiso del Ministerio libanés de Cultura para excavar en la ciudad misma de Tiro, con fuertes presiones por parte de franceses y alemanes para hacerse con esa excavación. Tanto la Embajada española en Beirut como el Ministerio de Cultura libanés apostaron al final por nosotros. De momento no sé cómo afrontar la realidad y pedir disculpas a las autoridades libanesas», explica.
Este diario contactó mediante correo electrónico con los responsables de los 30 grupos afectados. Respondieron 24 con similar tono de estupor —jamás les habían anulado una subvención concedida— y pesar por la incertidumbre futura. «Hay compromisos adquiridos que no podremos realizar y, por tanto, pasamos a ser una universidad poco seria y fiable con respecto a los proyectos que planteamos con otros grupos de investigación. Es posible que tanto la UCL como el Museo de Addis decida que no interesa nuestra colaboración», se queja Rafael Mora, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dirige un proyecto sobre las sociedades recolectoras en el valle del Rift, en Etiopía. Cultura les había concedido inicialmente 15.000 euros. «Ninguno de los trabajos previstos se podrá llevar a cabo», añade.
El equipo de Manuel Domínguez-Rodrigo, profesor de la Universidad Complutense, excava en un lugar icónico y fetiche: la garganta de Olduvai, en Tanzania. Un lugar disputado. A esa carrera arqueológica España se incorporó tarde y, si los ajustes presupuestarios se repiten, saldrá pronto. «Nuestro equipo tiene el control de los yacimientos arqueológicos más importantes de África sobre evolución humana. En caso de no poder ir en 2013 nos expondríamos a que yacimientos tan codiciados fuesen a parar a otras manos», plantea el profesor, que dirige la excavación con el apoyo de la Universidad de Alcalá. Para asegurarse la continuidad, el equipo intervino sobre el terreno en cuanto tuvo constancia de la autorización provisional de 32.000 euros. «Como nuestra institución y la comunidad cumplían con las condiciones de déficit, nos fuimos con dinero adelantado por la Universidad de Alcalá a realizar nuestra campaña el verano pasado».
Sin embargo, Hacienda no ha aplicado datos del déficit público de las comunidades de 2012 (aún no cerrados), con los que casi todas las autonomías habrían pasado el examen (con alguna excepción, como Cataluña), sino los correspondientes a 2011, cuando prácticamente todas suspendían.
«Es una decisión que penaliza a la investigación en las universidades con la coartada del déficit de las comunidades autónomas, olvidando el principio constitucional de autonomía universitaria», se queja Pedro Castro-Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su proyecto, en marcha desde 2005, se centra en las comunidades de la zona de la sierra de La Puntilla, en las inmediaciones de la famosa ciudad de Nasca, en Perú, donde están los geogligos conocidos como líneas de Nasca. Allí trabajan también equipos estadounidenses, japoneses, alemanes, italianos y franceses, casi siempre mejor dotados de medios. «Dada la complejidad de organizar una campaña de excavaciones arqueológicas en Perú, ya se había puesto en marcha el plan de trabajo y teníamos ya planificada la campaña desde noviembre», explica el arqueólogo. «Hemos tenido que suspenderla y hemos quedado francamente mal. Además, la discontinuidad del proyecto ofrece una muy negativa imagen de la seriedad de los proyectos arqueológicos y científicos españoles», añade.
Además de la faceta puramente científica, la cancelación de la subvención de 20.000 euros ha dado al traste con un proyecto para contribuir al desarrollo de esa zona deprimida de Perú, a partir de una iniciativa de turismo cultural.
Irónico resulta que el proyecto La Blanca, que dirige la profesora de la Universidad de Valencia, Cristina Vidal, en Guatemala reciba el premio Best Practices in Site Preservation, que concede el prestigioso Archaeological Institute of America (Boston) y el Gobierno español le niegue 32.000 euros porque su comunidad se salta el tope de déficit. «La paralización de fondos es un hachazo a un proyecto que aparte de la investigación en arqueología maya y la puesta en valor de su rico patrimonio cultural, también lleva a cabo acciones de cooperación al desarrollo en las aldeas del entorno de La Blanca», cuenta Vidal.
Las excavaciones, además, suelen tener padre y madre. Junto al equipo español pueden ir de la mano otras instituciones del país como ocurre con el proyecto de la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en Asuán (Egipto), donde el equipo de Alejandro Jiménez se realiza con el Consejo de Antigüedades de Egipto. Dar explicaciones a la contraparte del descuelgue de un año no debe ser fácil ni inocuo, como podría ocurrirle a los equipos españoles que trabajan en Italia con universidades regionales, como el dedicado a explorar la pesca en Pompeya y Herculano desde 2008. «Desgraciadamente habían sido ya ejecutados gastos, pensando como en años anteriores que la resolución sería firme en breve, y que ahora tenemos que asumir por otras vías en una situación económica tan compleja como la que nos atenaza a todos los investigadores a nivel nacional», expone Darío Bernal, director del proyecto que pilotan las universidades de Cádiz y Ca’Foscari de Venecia.
Desde 1999, cada año, Cultura ha convocado ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. La cuantía total ha ido variando, desde los 204.400 euros los cinco primeros años, hasta alcanzar el máximo de un millón de euros en 2011. A partir de entonces comenzó el desplome. El año pasado fueron 730 millones y para 2013 están presupuestados 430.000 euros que, es de suponer, se canalizarán sólo a los grupos que trabajen en autonomías cumplidoras con los requisitos del ministro Cristóbal Montoro.
En una carta enviada en diciembre al director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Jesús Prieto, el catedrático de Arqueología, Juan M. Campos, director del proyecto Tamuda en Tetuán (Marruecos), exponía con claridad la gravedad de una decisión como la tomada por Hacienda: «Conoce sobradamente el programa de Proyectos Arqueológicos en el Exterior aporta a nuestra nación una alta visibilidad en el exterior, fomentando las relaciones bilaterales con los países beneficiarios de los proyectos que en algunos casos se trata de estados en vías de desarrollo, con el consiguiente beneficio que conlleva en el desarrollo local (...) De otro lado es preciso hacer alusión al alto rendimiento científico que estos proyectos tienen en el ámbito internacional con el consiguiente prestigio que ello aporta a nuestra nación. Un parón del programa, aunque sea provisional, resultaría tremendamente pernicioso pues a veces a las relaciones bilaterales y el ritmo de los trabajos y de las relaciones no son del todo fáciles de recuperar».
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