C iudad Juárez, Chihuahua. 20 de junio de 2017. (RanchoNEWS).- El Poder Ejecutivo publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de México, con la cual se regula el derecho y el acceso a la cultura, con base en los artículos 4 y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Juan Carlos Talavera escribe para Excélsior.
Su expedición sucedió 52 días después de que esta ley fuera aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 28 de abril, con 366 votos a favor, dos en contra y una abstención. Ahora, el siguiente paso será la expedición del reglamento para la operación de dicha ley, explicó Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural, para lo cual el Poder Ejecutivo y su Secretaría de Cultura, tendrán 180 días (seis meses) para su publicación en el DOF.
Además, se espera que la propia secretaría difunda los reglamentos específicos sobre el funcionamiento del programa de vales culturales (Excélsior 29/04/2017), la operación de la Reunión Nacional de Cultura, y una revisión legal sobre dicha secretaría, dado que ha sido creado «como un órgano casi omnipotente, con un profundo centralismo, el cual me parece que, para su ejecución, las entidades federativas tendrán que pensar claramente el asunto de la firma de convenios», añadió.
¿Le parece que el ejecutivo demoró la publicación de esta ley?, se le consultó a Cottom. «El Poder Ejecutivo siempre tiene una carga importante en este tema. Además, yo creo que en la Presidencia existen dudas respecto a esta ley; como quiera que sea, ya está publicada y entra en vigor este martes 20 de junio».
¿Por qué es necesario el reglamento para esta Ley General de Cultura? «Porque es el instrumento de carácter administrativo que hará posible que la ley pueda aplicarse; es el instrumento que ayudará a la aplicación de esta ley».
¿Qué opina sobre el tema de los «vales de Cultura» establecidos en el artículo 8 de esta ley? «Es una tergiversación de una idea que me parecía más noble: un instrumento de política pública más acabado que se refería a un bono de cultura, creado en Brasil. En este caso, los vales que, estarán destinados a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, se antojan más como un instrumento de política llana, manipulada y controlada… pero aún no tenemos mayores elementos sobre dónde y cuándo se van a expedir, cómo identificarán a los sectores en condición de vulnerabilidad o si se apoyará en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Social… el camino es incierto».
¿También necesitan una reglamentación? «Sí, será necesario que (las autoridades federales) especifiquen cómo los van a instrumentar, o de lo contrario se antojaría como un instrumento de manipulación política, destinado a un manejo discrecional que no cumplan con la función que se supone deben tener».
¿Cuál será el mayor reto que enfrenta la Ley General de Cultura y Derechos Culturales? «Encontrar el punto para que la Secretaría de Cultura no sea un órgano omnipotente, con un profundo centralismo. Digamos que es un tema de orden legal: por un lado las entidades federativas y los municipios deberán pensar los términos en que firmarán sus convenios para coordinar las acciones con el gobierno federal; y por el otro, si esta ley generara conflictos o demasiada polémica, se tendría que pensar en una reforma a esta ley porque sin duda es demasiado centralista», concluyó.
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales de México, publicada ayer en el DOF, contiene 42 artículos, cinco títulos y seis artículos transitorios. Destaca el artículo 11, fracciones I, V y VI, donde se establece que todos los mexicanos tienen derecho a: «I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia».
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