C iudad Juárez, Chihuahua. 23 de mayo de 2017. (RanchoNEWS).-El pasado 2 de mayo, agentes de policía penetraron en las dependencias de la editorial Belge Yayinlari en Estambul. Buscaban pruebas que relacionasen a sus editores con un grupo armado de extrema izquierda y portaban una orden de la Fiscalía que les autorizaba a retirar dos libros —un ensayo y una novela— de circulación. Finalmente, terminaron requisando 2.171 ejemplares de cerca de un centenar de títulos con la excusa de que no poseían el sello fiscal preceptivo desde hace unos años en Turquía para sacarlos a la venta. «Todo esto es un disparate. Saben quiénes somos: una editorial respetada internacionalmente por publicar obras sobre derechos humanos, minorías y temas tabú, pero que no tiene ninguna relación con grupos terroristas», explica por teléfono el veterano editor y director de Belge, Ragip Zarakolu: «Las obras que se llevaron son ejemplares publicados durante las décadas de 1980 y 1990, cuando no existía el sello fiscal. Son libros que no vendemos, los regalamos o donamos a bibliotecas cuando lo solicitan. ¡Si hasta se llevaron unos libros del Che Guevara publicados hace cincuenta años por otra editorial que teníamos en nuestro archivo!». Reporta Andrés Mourenz desde Estambul para El País.
El suceso no pasaría de ser un hecho abusivo pero anecdótico, si no fuese por la represión cada vez mayor a la que se enfrentan los editores, escritores y, en general, los intelectuales turcos críticos con el poder. El autoritarismo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha incrementado en los últimos años pero su furia censora y represora se ha desatado especialmente desde el intento de golpe de estado de julio del pasado año. «Desde la declaración del estado de emergencia, las presiones han aumentado y las restricciones se han hecho más severas», explica Yonca Cingöz, de la Asociación Turca de Editores (TYB) y cita como ejemplos los numerosos juicios por «ofensas al presidente» y «atentado contra el derecho al honor» a los que se enfrentan editoriales y escritores que publican obras críticas; las investigaciones por «terrorismo» que se abren contra ellos o los obstáculos que sufren para poder hacer presentaciones y actos públicos: «Además, últimamente, cuando un tribunal ordena retirar un libro de circulación, no nos informan, nos enteramos por las librerías, impidiéndonos su defensa».
Zarakolu cree que la razón real tras la redada que sufrió su casa editorial fue un libro recién publicado (Memorias no escritas de Recep Tayyip Erdogan) en el que el profesor Baskin Oran examina con mordaz ironía la evolución del mandatario turco. «Pienso que es un toque de atención. Ya que si hubiesen atacado directamente el libro en cuestión, eso hubiese supuesto más publicidad para la obra», opina el editor, que actualmente vive exiliado en Suecia. Allá llegó hace tres años invitado por un programa de becas pero decidió hacer de su estancia algo definitivo el año pasado. No puede regresar ya a Turquía pues en su país le espera una orden de arresto y un juicio en el que la Fiscalía exige cadena perpetua por haberse solidarizado con una publicación kurda.
Durante el último año, 42 editoriales han sido clausuradas por orden del Gobierno merced a las potestades que le confiere la normativa del estado de emergencia vigente desde la fallida asonada militar y cientos de libros han sido prohibidas, en su mayoría relacionados con el clérigo Fethullah Gülen, al que se acusa de instigar el golpe. Entre rejas hay actualmente más de 150 periodistas, columnistas y escritores. Como el novelista Ahmet Altan, encarcelado desde septiembre bajo la peregrina acusación de «enviar mensajes subliminales» a favor de la sublevación. La persecución de quienes critican al gobierno adquiere, en ocasiones, tintes aún más estrambóticos. El pasado abril, una periodista de la localidad kurda de Diyarbakir fue detenida y se le confiscaron, entre otras cosas, obras de los filósofos Baruch Spinoza y Albert Camus, a los que el fiscal encargado de instruir el caso definió como «miembros de la organización terrorista PKK».
«Sólo un país tan ignorante como Turquía puede hacer acusaciones así», afirma Asli Erdogan refiriéndose al proceso judicial al que se enfrenta: ella, que es una escritora existencialista, cuya prosa lírica tan oscura y abstrusa como bella está al alcance de pocos lectores, se enfrenta a la acusación de «intentar derrocar al Gobierno» y de «dirigir un grupo terrorista». «¿Cómo una pequeña escritora como yo, que tiene un público tan minoritario, puede derribar al poderoso Estado de Turquía? ¡Que se lean al menos cinco páginas de una de mis novelas y se darán cuenta de que mi búsqueda vital no tiene nada que ver con organizaciones armadas!», se queja tras ser excarcelada de la prisión a la que fue confinada de manera «preventiva» durante cuatro meses. Ahora está en libertad, pero su pasaporte ha sido confiscado y no puede salir del país, ni siquiera para recoger premios como el Princess Margriet que el pasado día 9 de mayo le concedieron en Holanda: «Claro que estar fuera es mejor que estar en prisión, pero no puedo sentirme libre. Ésta es una libertad de broma. Sigo teniendo miedo de que vengan a detenerme. Una palabra equivocada durante una entrevista... y de nuevo dentro».
En Turquía aún se publican muchos libros (667 millones de ejemplares en 2016) y se vende buena parte de ellos. Pero el espectro de los asuntos políticos, sociales y culturales a debate, que hace una década se abría como nunca en la historia del país, se ha reducido a un espacio exiguo. Igual ocurre en la academia, afectada por la purga de miles de profesores. Algunos han optado por eludir las críticas y no fomentar el debate entre los alumnos, temerosos de que sus propios estudiantes los denuncien. No en vano, una reedición de la novela 1984 de George Orwell estuvo durante algunas semanas del año pasado entre los libros más vendidos, después de que la recomendase el periodista Can Dündar -hoy exiliado en Alemania- en una obra que repasa los meses que pasó en prisión.
Es cierto que en Turquía todavía hay quienes resisten, tratando de publicar obras críticas más allá de la literatura de ficción -contra la que todavía no se ha atrevido el gobierno- que estimulen la discusión pública. «La libertad de publicación es la base para que la gente pueda leer libremente. Y la lectura es la base del pensamiento y el libre debate», arguye Zarakolu. Pero no sabe cuánto podrán aguantar la presión, los procesos judiciales, la persecución constante: «Esta situación un desastre para la intelligentsia, como lo fue la dictadura militar de 1980. Y lo paradójico es que esto sucede bajo un gobierno civil. Actualmente se necesita mucho valor para expresar ciertas ideas en público. Muchos intelectuales quieren irse del país porque se sienten inseguros. Turquía está perdiendo su capital intelectual, como ocurrió en Irán tras la revolución islámica».
«HAY UNA TENDENCIA A LA VENGANZA Y LA CRUELDAD EN LUGAR DE SEGUIR EL PROCESO LEGAL»
«Los escritores y periodistas en Turquía viven una inmensa presión. Si bien no es, en absoluto, por su trabajo literario o sus novelas, sino por sus críticas y trabajo periodístico», explica el Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk a EL PAÍS a través del correo electrónico: «Algunos de mis amigos están en la cárcel porque criticaron al gobierno en periódicos o televisiones. Los famosos novelistas Ahmet Altan y Asli Erdogan han pasado meses en la cárcel. Asli, que fue liberada posteriormente, me contó las horribles condiciones en que se encuentran las cárceles. La suya era la prisión femenina de Bakirköy (Estambul), pero hemos tenido noticias de que en la prisión masculina de Silivri (Estambul) las condiciones son aún más inhumanas. Conocidos periodistas y comentaristas están en la cárcel sólo por haber criticado radicalmente el gobierno de Erdogan. Siempre está el pretexto de que estuvieron involucrados en el fallido golpe de estado, pero esas alegaciones no son convincentes y, aunque lo fueran, estos escritores no deberían estar en la cárcel antes de que un tribunal dicte sentencia. Y se les debería permitir leer y escribir. En lugar de seguir el proceso legal normal, hay una tendencia a la venganza y la crueldad contra ellos. Este tipo de prácticas son habituales durante el estado de emergencia».
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