C iudad Juárez, Chihuahua. 5 de marzo de 2015. (RanchoNEWS).-Esta tarde frente a las oficinas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), artistas y trabajadores instalaron mesas de trabajo para hablar de temas como los pagos de sueldos y prestaciones retrasados, disminución del presupuesto, así como de las políticas culturales con las que están en desacuerdo. Una nota de la redacción de Excélsior.
Al encuentro, organizado por la Asamblea de la Comunidad Artística, se citó a funcionarios como Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública; Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Conaculta; las legisladoras Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, y Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, así como Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura local.
«Suponemos que los citados servidores públicos no se presentarán, no obstante, nos importa resaltar el hecho de su ausencia de manera activa, realizando foros de discusión y eventos artísticos».
En representación del presidente de Conaculta acudió Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural, quien estuvo acompañado por Antonio Hernández Brito, coordinador nacional de Relaciones Laborales; Luis Cacho, director general jurídico, y María Eugenia Araizaga, directora general de Administración. Sin embargo no se contó con la presencia del las legisladoras, del titular de la SEP y de Vázquez Martín.
También entre los asistentes se contó con la presencia de Saúl Juárez Vega, secretario Cultural y Artístico; Ricardo Cayuela, director general de Publicaciones; Miguel Ángel Pineda, director general de Comunicación Social; Moisés Rosas, director general del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); y Sergio Ramírez Cárdenas, subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La socióloga Ishtar Cardona, investigadora y promotora cultural, señaló que se percibe «un caos» en la estructura administrativa de la cultura y se debe en parte a la falta del marco legal del Conaculta, que nació en 1988 por decreto presidencial.
La investigadora hizo hincapié en el atraso de los pagos, que provocó desde el año pasado quejas por parte de trabajadores y proveedores del Consejo, y aclaró que en realidad es la norma «Todos los que trabajan como proveedores del Estado saben que sus pagos saldrán retrasados, sólo que esta vez se alargó la espera más de año y medio», comentó la investigadora.
Los funcionarios exigieron que las ponencias no se alargaran y que la mecánica les permitiera responder algunas preguntas (cinco en cada una de tres rondas) y sin derecho a réplica.
Respecto de los salarios de trabajadores, Hernández Brito informó que se ha cubierto el pago a todos quienes están contratados por honorarios y afirmó que todos ellos cuentan con seguridad social; y pendientes se encuentran varios casos donde los propios prestadores de servicios no han cumplido con la normatividad que exige la administración pública para el pago.
Según Crestani, cada vez hay mayor transparencia en el ejercicio de los recursos del Conaculta y el ajuste presupuestal viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no impactará los programas sustantivos del organismo resto de la política cultural.
La comunidad artistica leyó un pronunciamiento, en el cual demandaron el pago inmediato de los adeudos y el compromiso de no más retrasos, que no se cierren recintos culturales como el Teatro Julio Jiménez Rueda, no al recorte presupuestal en educación y cultura, reformulación de la relación contractual entre trabajadores del arte e instituciones culturales, seguridad social para trabajadores de arte y la cultura, e instalación de foros a nivel nacional con carácter resolutivo para la elaboración de un nuevo modelo de política cultural, cuya organización corra a cargo de ciudadanos, trabajadores del arte y la cultura y especialistas en política cultural.
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